Una de las obras de mayor trascendencia del Gobierno del Presidente Pinochet, es la aprobación de la Constitución Política de 1980, la cual establece las bases de la institucionalidad, que regula la organización del Estado; la forma de Gobierno; las atribuciones y límites en el ejercicio de la soberanía; y además, fija los derechos y garantías individuales.

Esta Constitución permite estabilizar al país, restaurando la convivencia nacional y abriendo nuevas posibilidades para  el desarrollo armónico de la Nación.

Las principales características de la Carta Constitucional de 1980 son:

1.- Recuperación del Estado de Derecho, lo que implicará, entre otros aspectos, la jerarquía de las normas constitucionales (recurso de Inaplicabilidad por Inconstitucionalidad), y la separación de los Poderes Públicos (autonomía).

2.- Consolidación de las libertades individuales y establecimiento del principio de subsidiariedad del Estado.

3.-  Reconocimiento y consagración constitucional de derechos que no estaban debidamente resguardados, como el Derecho de Propiedad.

4.- Fortalecimiento de las libertades individuales y sociales (recurso de Protección y Amparo).

5.-  Creación de organismos que refuerzan la institucionalidad y brindan a las personas nuevas instancias para defender sus derechos. Ejemplos: El Tribunal Constitucional y el Consejo de Seguridad Nacional. También se eleva a jerarquía constitucional la Contraloría General de la República.

Desde su puesta en vigencia, el 11 de marzo de 1981, la nueva Constitución ha regulado la vida política, económica y social de Chile, transformando al país en una Nación ordenada y sólidamente democrática.

La reforma al Sistema Previsional es una de las transformaciones más profundas y trascendentes realizadas por el Gobierno Militar.

El nuevo mecanismo sustituirá al antiguo sistema de reparto por uno de capitalización, o ahorro individual de administración privada, y asegurará un nivel mínimo de pensión por parte del Estado.

En el anterior sistema, los trabajadores activos, mediante sus cotizaciones, financiaban las pensiones de los pasivos, y tanto los beneficios de las pensiones como las obligaciones de los trabajadores activos estaban fijadas por ley, sin que hubiera correspondencia entre lo cotizado y lo que recibían como jubilación.

Esta falta de relación entre lo cotizado y la pensión recibida se traducía en un incentivo para sub declarar imposiciones, que junto con la presión de ciertos grupos por obtener mejores beneficios, obligaba al fisco a realizar aportes crecientes, lo que provocó el desfinanciamiento del sistema.

Además, existía una total falta de uniformidad. Al momento de la reforma había 32 Cajas de Previsión y más de 100 regímenes previsionales distintos, lo que produjo grandes diferencias en los mecanismos de cálculo de las pensiones y en los requisitos para jubilar, y una abierta discriminación en contra de los grupos más desposeídos y con menos poder de presión.

En 1981 se dicta el DL 3.500, que crea las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), que introducirá un cambio radical al sistema previsional destacando las siguientes ventajas:

• Niveles de las pensiones directamente relacionadas con el esfuerzo individual.

• Libertad de elección y rol activo de los afiliados.

• Competitividad.

• Independencia respecto del presupuesto público.

• Equidad.

• Aplicación del sistema de reparto para las pensiones de invalidez y sobrevivencia.

• Menores costos para los afiliados.

• Menor impacto negativo sobre el empleo.

• Mayor acumulación de capital en la economía como un todo, ya que los fondos de pensiones están operando y rentando a través del mercado de capitales.

Con 34 Asociaciones desde su entrada en vigencia, el nuevo sistema AFP tiene hoy más de 8.500.000 trabajadores afiliados; opera con un alto grado de competitividad; y su buen funcionamiento lo ha convertido en un exitoso producto de exportación a numerosos países del mundo. Los resultados observados en Chile motivaron, en primera instancia a nuestros vecinos, a efectuar reformas a sus propios sistemas de pensiones. En la primera mitad de los 90’ lo hicieron Perú, Argentina, Colombia y Uruguay; posteriormente, Bolivia, México, El Salvador, Costa Rica y República Dominicana.

Conseguir el mejoramiento del estado de salud de la población chilena significó que el Gobierno Militar iniciara una serie de acciones orientadas a modificar la desmedrada situación del sector, en la línea de ampliar la participación privada. En 1979 se elimina la discriminación existente entre obreros y empleados, y se aumentan las posibilidades de elegir de un vasto sector de la población, gracias a la dictación del DL 2.575, que facultará a los obreros a acceder al Sistema de Libre Elección, y permitirá establecer convenios con instituciones privadas para la atención hospitalaria.

En ese mismo año se reestructuran el Ministerio de Salud y el Servicio Nacional de Salud, creándose el Sistema Nacional de Servicios de Salud, formado por 27 entidades autónomas responsables de proporcionar servicios preventivos y curativos en zonas geográficas determinadas y dependientes del Ministerio de Salud.

A partir de 1980, se centraliza la función financiera, creándose el Fondo Nacional de Salud (FONASA), que tiene la responsabilidad de distribuir los recursos provenientes del fisco, las cotizaciones de los afiliados al sistema, y los pagos directos de los usuarios en la modalidad de libre elección. Además, toma a su cargo la administración del régimen de prestaciones de salud en el estilo de libre elección.

En 1981 se traspasa la administración de los establecimientos de atención primaria, desde los servicios de salud a las municipalidades, logrando descentralizar la administración, y así entregar una mayor capacidad de decisión a nivel local. El proceso de traspaso finalizará en 1988.

En 1981 se crean las Instituciones de Salud Previsional privadas (ISAPRES). Con ello las cotizaciones obligatorias para salud, que hasta ese momento iban a la previsión estatal, podrán ser derivadas por libre decisión a alguna de estas instituciones, y dentro de ellas, a cualquiera de los planes de salud ofrecidos por las Isapres.

En 1984 se pone en marcha el Régimen de Prestaciones de Salud, que estratifica a todos los beneficiarios del SNSS de acuerdo a sus ingresos, asegurándoles un nivel mínimo de salud, compatible a sus aportes y estableciendo gratuidad para los más desposeídos.

Las acciones o medidas antes señaladas, permiten aumentar los recursos sectoriales, alcanzar una mayor eficiencia, incrementar la responsabilidad de las personas por su salud, mejorar la calidad de la atención, y una constante mejoría de los niveles de salud de la población.

No obstante, el gran desafío aún presente, reside en que todos los chilenos tengan la posibilidad de elegir dónde recibir atención de salud, ya sea en el sistema público o en el privado, operando ambos en total competencia.

Hasta 1980, el sistema educacional chileno se caracterizó por una gran intervención de la educación estatal, que alcanzaba a más de un 80% de la matrícula, además de tener una administración fuertemente centralizada, mostrando así graves problemas: cobertura insuficiente, baja calidad y escasa capacidad para absorber a los sectores más pobres excluidos del sistema educacional.

Los salarios de los profesores eran muy bajos, debido a que la burocracia consumía gran parte de los recursos, siendo el Estado el principal empleador. No existía competencia entre los distintos tipos de establecimientos y se diseñaba un currículo rígido, condiciones que no promovían ni la eficiencia ni la calidad.

El Gobierno Militar propone un nuevo sistema educativo, basado en los incentivos, que establece un esquema de subsidio a la demanda en función del servicio prestado, generándose un fuerte impulso a la educación particular subvencionada.

Complementando esta política, se decide que el Estado no administrará más escuelas a través del Ministerio de Educación y, por ende, tampoco continuará siendo el principal empleador directo de los profesores, por lo que se transferirán a las municipalidades todos los establecimientos de educación básica y media, que a esa fecha son administrados por el Ministerio de Educación.

En el nivel básico, el sector particular subvencionado pasa, de una participación del 14% de la matrícula total en 1980, a un 30,4% en 1988. En enseñanza media, durante el mismo lapso, el sector particular subvencionado casi triplica el número de alumnos, cambiando de un 15,9% a casi un 40%.

También se fomenta la creación de los institutos y universidades privadas. Entre 1971 y 1973 accedían a la educación superior universitaria un 4,8% de la población, por lo que se efectúa una reforma, que se inicia a partir de diciembre de 1980, la que corregirá el carácter cerrado y virtualmente monopólico del sistema universitario. Así, se reforzará la libertad de enseñanza; se introducirá la competencia a fin de mejorar la calidad académica, permitiéndose la creación de nuevos establecimientos privados; y se favorecerá el surgimiento de los institutos profesionales.

En 1970, de acuerdo al primer Mapa de la Extrema Pobreza, un 21% de los chilenos (casi 2 millones de personas) vivía en condiciones de miseria. A partir de esta realidad, el Gobierno Militar concentra sus esfuerzos en la erradicación de este flagelo, a través de un conjunto de políticas destinadas a incrementar y perfeccionar los programas sociales.

En primer lugar, se abordan las políticas destinadas a invertir en recursos humanos y a mejorar el capital humano de la población. Entre los programas orientados a estos propósitos es posible mencionar lo siguientes: la atención primaria materna-infantil; la alimentación complementaria; atención preescolar; aumento de la cobertura en educación básica y media; capacitación laboral; y atención de menores en situación irregular.

Un segundo grupo de políticas centra sus esfuerzos en mejorar la focalización del gasto público, dirigiéndolo a los segmentos más vulnerables de la población.

Además, se ponen en práctica políticas destinadas a redistribuir y hacer inversiones en activos físicos, en el entendido que logrando acceder a ellos estas personas podrían mejorar sus condiciones de ingreso en forma permanente, y así superar su situación de pobreza.

Los programas se desarrollan en las siguientes áreas: vivienda, agua potable, alcantarillado y saneamiento de los títulos de dominio.

Se crean el Subsidio Único Familiar, los subsidios de cesantía y programas especiales de empleo. En 1975 se establece el régimen de pensiones asistenciales para inválidos y ancianos marginados de la previsión.

Todas estas acciones tendrán un fuerte impacto. La población en extrema pobreza disminuirá entre 1970 y 1990 de un 21% (1,9 millones) a un 11% (1,4 millones).

• La esperanza de vida al nacer aumentará de 62 a 72 años.

• La tasa de mortalidad infantil se reduce desde 79,3 por cada mil nacidos vivos a 16.

• La escolaridad promedio de la población se elevará de 4,5 años a 9 años,

• El porcentaje de niños pobres sin educación básica disminuirá de 43% al 5%.

• El analfabetismo se reducirá desde un 11,8% a un 5,4%.

• La cobertura de agua potable urbana aumentará desde un 67 a un 97%, mientras que la cobertura rural lo hará de un 34% a un 86%.

• El alcantarillado urbano aumentará desde un 31% a un 83%.

El Gobierno Militar se hizo cargo de un país virtualmente quebrado, cuya economía se encontraba desintegrada, ya que sus activos no alcanzaban para hacer frente a las obligaciones contraídas, por lo que se inicia un proceso de saneamiento de la economía, optando por la implementación de un modelo de libre mercado y la adopción de un programa basado en cuatro pilares fundamentales.

La Apertura de la Economía

Hacia fines de 1973 la economía chilena estaba cerrada al exterior con aranceles de importación que promediaban el 105% y la prohibición de importar una amplísima gama de diferentes productos. Ya en 1977 el arancel se había uniformado en 10%, lo que significó que el aparato productivo comenzara a enfrentarse a la competencia externa, situación desconocida para el país desde hacía varias décadas. Si bien este enfrentamiento fue difícil, hoy en día importantes sectores de nuestra economía lideran este proceso, siendo los principales generadores de divisas que han colocado a Chile en el liderazgo mundial con exportaciones de frutas, salmones y vino, entre otros productos. Este proceso de apertura culmina en la actualidad con el establecimiento de acuerdos de libre comercio con las principales economías del planeta.

Ordenamiento de las Cuentas Fiscales

A fines del gobierno del Presidente Allende, el déficit fiscal alcanzaba a más del 30%. Los gastos públicos, que ascendieron al 41% del PIB en 1973, se redujeron 20% en el año 1989. Así, mientras se recuperaban los ingresos, el desequilibrio fiscal disminuía a un 2% del PIB en 1975.

Sin embargo, este proceso de reordenamiento no solo contemplará recortar gastos innecesarios, sino que exigirá cambiar la institucionalidad que regía a este sector, lo que se traducirá en una norma de carácter vigente, que obliga a que todo gasto público tenga su correspondiente financiero, no pudiendo este provenir de préstamos del Banco Central.

Autonomía del Banco Central

Se otorga autonomía al Instituto Emisor en las políticas monetaria y cambiaria. Esta independencia con respecto al Presidente de la República, impedirá el manejo político de la institución con fines electorales o de apoyo a la política económica del Ejecutivo.

Privatizaciones

La implementación de estas reformas será de gran importancia, en cuanto a que contribuirán a lograr un aumento de productividad necesario para sostener la expansión económica en el largo plazo.

Las privatizaciones permitirán, además, la creación de nuevos puestos de trabajo, y el acceso, por parte de los consumidores chilenos, a bienes y productos de mejor calidad, con precios más bajos gracias a la competencia existente.

Agricultura

El gran potencial exportador de productos agropecuarios de Chile se vio anulado por la política proteccionista seguida a partir de los años 30’. El término de la Reforma Agraria, junto con el proceso de saneamiento de los títulos de propiedad de la tierra y principalmente la apertura de nuestra economía, serán decisivos para el desarrollo del sector. Gracias a ello, Chile se ha convertido en uno de los mayores exportadores de fruta fresca del mundo, aprovechando las ventajas comparativas que le reporta nuestro clima.

Otro tanto ha sucedido con el sector forestal, que también vio frenado su potencial por las restricciones que existían antes de 1974 para su exportación. Gracias a la apertura de la economía, se produce una rápida expansión de las plantaciones y posteriormente de los volúmenes exportados, no solo de la materia prima ,sino también de productos derivados con valor agregado.

Minería

Al asumir el Gobierno Militar, se encuentra con los litigios derivados de la nacionalización, que consistió en un virtual despojo a las empresas extranjeras de sus inversiones en el sector minero. Tampoco había alguna claridad en las normas para quienes desearan ejercer el derecho de explorar y explotar yacimientos minerales, por lo que el desarrollo del sector se encontraba en franca declinación.

Inicialmente, las autoridades, conscientes que nuestro país carecía de capitales suficientes para respaldar este desarrollo, llegó a fórmulas de acuerdo con las empresas expropiadas, dando el primer paso para restaurar la seriedad en el trato de la inversión extranjera.

A través de una Ley Orgánica Constitucional, se establecen las Concesiones Mineras, que reafirma la propiedad de estas en manos privadas. Por su parte, el Código de Minería determina definiciones claras y precisas, siendo su principal objetivo garantizar la estabilidad y seguridad de las concesiones.

Sector Eléctrico

Como consecuencia de la congelación de precios establecida en 1971, las empresas del sector eléctrico, tanto estatales como privadas, sufrieron graves dificultades financieras. En los años posteriores a 1974, el Gobierno Militar inicia un proceso de racionalización y normalización del sector, que busca corregir la preponderante participación estatal, la imposición de regulaciones de precios de carácter político y las tarifas ineficientes. Así se define una estrategia consistente con la política general de desarrollo postulada para el país, buscando el máximo bienestar para la población dentro de condiciones de eficiencia en un marco de subsidiariedad del Estado.

Actualmente, la actividad de generación de energía opera como un mercado competitivo. La transmisión y distribución presentan regulación de tarifas por considerarse monopolio natural. Tanto la institucionalidad reguladora como la ley de tarifas elaboradas durante el Gobierno Militar, serán claves en el desarrollo de este sector.

Sector Telecomunicaciones

La nueva Política Nacional de Telecomunicaciones que elaboró en sus inicios el Gobierno Militar, se materializa legalmente en la Ley General de Telecomunicaciones promulgada en 1982. Esta consagrará el libre acceso de los particulares al desarrollo de los servicios de telecomunicaciones del país. También, establecerá el control técnico del desarrollo de estos servicios a través de autorizaciones otorgadas por la Subsecretaría de Telecomunicaciones (SUBTEL). En relación a las tarifas de los servicios, la ley determinará una libertad en general, pero facultando a la autoridad para regularlas en caso de situaciones monopólicas.

Entretanto, ya desde 1974, se inicia un proceso de normalización de las grandes empresas estatales del sector (CTC y ENTEL), lo que en 1985 posibilitará su privatización. En este sentido, en un intento por la descentralización, el sector se afiliará con la privatización de CTC.

En 1982, se deroga el monopolio estatal de los servicios de telegrafía y télex nacionales y se crea la empresa Telex Chile S.A. como filial de CORFO. Esta será privatizada en un 100% en 1985.

En 1981, nacen las dos primeras empresas privadas de telefonía: CMET y Manquehue.

En 1985, frente a las grandes necesidades de inversión que muestra el sector, es abierto a la participación privada nacional y extranjera. Desde entonces a la fecha, el desarrollo de las telecomunicaciones en Chile será rápido y exitoso, ubicándolo a la vanguardia en Latinoamérica y con respecto de muchos países del mundo. Por otra parte, el país ha estado en condiciones de introducir, con enorme éxito, tecnologías de punta como la telefonía celular, la digitalización de la red y el uso de la fibra óptica, y una mayor competencia en el desarrollo de larga distancia a través del sistema de multicarrier, entre otras.

Carretera Austral

En el Gobierno del Presidente Pinochet comienza la construcción de la Carretera Austral, lo que permitirá integrar al país a una serie de pequeñas localidades australes que se encontraban desconectadas geográficamente de Chile continental y a las que solo se podía acceder por vía aérea o marítima.

Actualmente, la Carretera Austral ha permitido la integración y desarrollo de dichas ciudades y pueblos, además del desarrollo del turismo tanto nacional como internacional de estos sectores de la Patagonia Chilena, con el correspondiente ingreso de divisas para el país.